Desde el 16 de agosto y hasta el 15 de septiembre, las empresas que forman la cadena de valor del vehículo eléctrico pueden presentar sus proyectos para solicitar ayudas y créditos correspondientes al Perte VEC II, que cuenta con 559 millones de euros, de los cuales 344,42 millones se concederán en forma de subvención y 215,24 en forma de préstamos (reembolsables al tipo de interés del 2,88% y con un plazo de amortización total de 10 años, con 3 años de carencia).
Sin duda, este tipo de iniciativas son esenciales para impulsar la aceleración del sector. Los incentivos y las subvenciones son señales claras de que los países están invirtiendo en sostenibilidad y de que el futuro de la movilidad será eléctrico. Junto con normativas como la Ley 29/2021, que contempla medidas para fomentar la electromovilidad, muestran un sólido compromiso de las instituciones.
Sin embargo, España continúa muy por detrás en cuanto a la adopción del vehículo eléctrico en comparación con otros países de Europa: supuso tan solo el 4,7% de las ventas en el primer semestre de 2023, versus el 15,5% en Francia y Portugal.
En este sentido, ¿será el Perte VEC II suficiente para acercarnos a los números de nuestros países vecinos? Como iniciativa única y aislada, probablemente no. Estos incentivos pueden permitir a España ganar mayor peso en la industria de la movilidad eléctrica, y a los operadores de la cadena de valor ofrecer precios más competitivos y productos más innovadores (según Aedive, España exportó el 87% de su producción de puntos de recarga en 2022). Esto podría significar también precios más bajos para el usuario español del coche eléctrico.
Sin embargo, para alterar la tendencia actual, hay tres aspectos clave que necesitan mejorarse: la complejidad en los incentivos para la compra de coches eléctricos y para la instalación de puntos de recarga, una infraestructura limitada y con procesos de solicitud para la instalación de cargadores muy complejos y una experiencia de usuario todavía por mejorar.
En primer lugar, la falta de incentivos más inmediatos en la compra de vehículos eléctricos y la complejidad para solicitar y recibir subsidios para la instalación de puntos de recarga son dos de las principales barreras del sector. Aunque recientemente se ha aprobado una deducción del 15% sobre el IRPF en la compra de un automóvil eléctrico, este incentivo no es inmediato, como la reducción en el IVA, por lo que será necesario esperar para ver su impacto real.
Por otro lado, el proceso de solicitud de ayudas para la instalación de puntos de carga es diferente entre provincias y/o ayuntamientos, es altamente burocrático y el pago se suele dilatar en el tiempo, lo que dificulta la expansión de la infraestructura. Por todo ello, además de aprobar nuevos incentivos, es crucial simplificar los procesos para acceder a ellos.
En segundo lugar, España todavía cuenta con una infraestructura rápida y ultrarrápida limitada. A pesar de que el número de puntos de recarga operativos alcanzan ya más de los 25.106 puntos, según datos de Aedive, estos puntos están siendo subutilizados, con apenas una hora de carga de media por día.
Los usuarios no tienen la confianza de poder encontrar puntos de recarga cuando realmente los necesitan. Las principales razones son que los puntos existentes no siempre se adecuan a la necesidad del usuario (el 80% de los puntos de recarga públicos son de menos de 50 kilovatios), no están disponibles en las zonas donde el conductor los necesita o no se mantienen correctamente, por lo que el usuario se encuentra con un cargador inutilizable.
Para poder aumentar la adopción del coche eléctrico en España, esta idea de carga de desespero no puede existir. Es necesario que se continúe invirtiendo en la red de carga rápida y ultrarrápida. Para ello, es fundamental simplificar los procesos de instalación de cargadores (diferencias en los trámites entre provincias, gestiones no digitalizadas y la demora en la aprobación de licencias o permisos), mejorar la visibilidad sobre la potencia disponible y la ubicación del punto de conexión, y simplificar los procesos de interacción con las distribuidoras y comercializadoras eléctricas.
En tercer lugar, es necesario mejorar la experiencia del usuario, para que supere con creces la del coche de combustión. Los operadores de puntos de recarga deben enfocarse en una mejor interoperabilidad entre plataformas y en simplificar el proceso de recarga, haciendo que recargar un coche sea tan fácil como cargar un smartphone.
Las empresas operadoras de puntos de carga y sus socios están listos para invertir en la infraestructura y abordar esta problemática. Ejemplo de ello es el enfoque de carga en destino, que pretende que los usuarios de vehículos eléctricos no tengan que desplazarse a propósito a una ubicación determinada para recargar su automóvil, sino que puedan hacerlo en los espacios públicos a los que acuden asiduamente (supermercados, centros comerciales, etc.) y en los que los cargadores tienen una potencia acorde al tiempo que, de media, pasan en esos lugares. Esto permite a los conductores aprovechar mejor el tiempo y supone una ventaja frente a los vehículos de combustión y, simultáneamente, son mejores para las ciudades y el medioambiente.
Los avances en estas áreas significan que vamos en el camino correcto hacia la electrificación automovilística en España, mientras las ayudas del Perte VEC II señalan el interés en apoyar este esfuerzo. Sin embargo, es necesario apoyar también la mejoría de los tres aspectos anteriores, para así incentivar a más españoles a hacer la transición al coche eléctrico.
